E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

                                        E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

Página Web: http://www.estudiojuridicodrbarreiro.com

UN CIUDADANO MAS, QUE ME ESCRIBE SOBRE OTRA MULTA MAS...

EL “TERMINATOR” DE LA INFRACCIONES DE TRANSITO: LOS RADARES

 

LA SEGURIDAD VIAL QUE AL ESTADO LE CONVIENE

 

Quienes hoy sales a nuestras rutas, autopistas, o autovías, nacionales o provinciales, se van a encontrar con ciudades y pueblos que crecen a la vera de estos caminos y también números cruces  que hacen que el con ductor tenga que descender abruptamente de la velocidad máxima autorizada (por ejemplo 110 km/h) a 40 km/h poniendo en riesgo de que un vehículo  sea automóvil, camión u ómnibus que se encuentra atrás de nuestro vehículo nos colisione a raíz de este cambio abrupto de velocidad. Para evitar este tipo de situaciones los estados nacionales y provinciales deberían disponer de rutas, autopistas o autovías que NO PASEN por ciudades o pueblos y que los cruces solo sean con otras rutas, tal como sucede con los países del primer mundo, que tanto queremos imitar en materia de seguridad vial

Para la mediocre idiosincrasia de nuestros gobernantes, pasados, presentes y con seguridad futuros, en materia de seguridad vial es mejor tirarle el problema al ciudadano común que sale a vacacionar o se debe trasladar de una provincia a otra que solucionar lo antes descripto. Es mejor el afán recaudatorio que ponerse la mochila al hombro y construir soluciones coherentes. En la aplicación de la sanción existe por parte de los organismos nacionales, provinciales y municipales   un denominador común que es la utilización del radar como instrumento para recaudar pero no de  disponer de personal  de seguridad para educar e indicar al conductor sobre el cumplimiento en las normas de transito.  También existe una total falta de coherencia en los montos de las sanciones de distintos municipios  Por ejemplo los municipios de Parada Pucheta y de Bonpland en la Provincia de Corrientes cobran por un exceso de velocidad 300 UF ( unidades físicas ) y el Gob ierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobra por la misma infracción 50 UF.

Por último falta la graduación en la sanción de la falta, no es lo mismo un exceso de velocidad de 15 a 20 Km/h, que uno de 50 Km o más, esto origina que cualquiera sea la actitud del conductor da lo mismo ir a 90 km/h que a 180 km/h, total la sanción será la misma

En la Provincia de Entre Ríos durante los primeros año del 2000 los excesos en la aplicación de foto multas en la Ruta 12 y 14 origino un descenso en el traslado de turistas a la ciudades de Gualeguaychu y Colon. Las Cámaras Empresariales de estas ciudades pusieron el grito en el cielo cuando en plena temporada  se empezó a notar la falta de turistas, pero nada se hizo al respecto, el afán recaudatorio hace que  hoy las foto multas de la Provincia siguen vivitas y coleando tanto de día como de noche y sacadas desde una furgoneta blanca sin identificar

 

LOS PLANTEOS DE NULIDAD

 

Existe un negocio “redondo” entre números municipios situados a la vera de nuestras rutas y una empresa de Buenos Aires, que se encarga de sacar, procesar y enviar la fotomulta.

Cuando esta le llega al “supuesto infractor” se hace por correo común y normal, no hay carta certificada, carta documento, o telegrama colacionado. Luego si el “supuesto infractor” no paga vía Pago Fácil o Rapipago la descomunal cifra que le exigen , empiezan a llegar por la misma vía intimaciones y amenazas de embargos y juicios por apremio fiscal. Entonces el “supuesto infractor” se convierte ante quienes cumplimos con la ley en “victimas”.

Esta “victima” lo primero que piensa coherentemente es en acudir  a un organismo estatal que aparentemente lo va a defender de tamaña injusticia y que se denomina “Defensoría del Pueblo de Nación”  No va a acudir a un abogado por una sanción de transito ( lo que comúnmente es una sanción administrativa)

Pero lamentablemente este organismo solo interviene  ante reclamos por abusos, irregularidades o errores cometidos por la Administración Publica Nacional, incluidas  las empresas de servicios públicos privatizadas, discriminando en esta atribución los derechos constitucionales de los ciudadanos ante los poderes públicos de los municipios, pero esto es harina de otro costal

Entonces queda la contestación por parte de la “victima” de la intimación municipal  haciéndolo por carta certificada o mejor por carta documento y teniendo en cuenta lo siguientes artículos de la Ley Nacional de Transito 24.449

Articulo 69 inciso D: es obligación de las autoridades la notificación fehaciente constancia de recepción del envió del acta de infracción. A esto nos referimos en los párrafos anteriores

Articulo 69 inciso B en el acta de infracción debe manifestarse que un juez local con competencia penal y contravencional del lugar donde se cometió la infracción sea quien aplique la sanción . Generalmente las actas de infracción de los municipios están firmadas por el “secretario”, “asesor legal” o “intendente”

Articulo 70 inciso A apartado 4 cuando el ciudadano cometió la supuesta infracción debe ser inmediatamente detenido y las autoridades le deben redactar el acta por la infracción que registro el radar

Artículo 71 es el más importante , porque cuando la “victima” se domicilie a más de 60 Km de lugar donde cometió la supuesta infracción , tendrá derecho a ejercer su legítima defensa por escrito y a ser juzgado por el juez competente al domicilio de la “victima”

No estará de más observar  el cumplimiento de la Ley 25.650, respecto a los requisitos que debe cumplir el radar o cinemómetro y que deben constar en el acta de infracción, estos son:

a)      Fecha, con día, mes y año, hora y minuto de la medición

b)      Velocidad medida del vehículo afectado en Km/h

c)       Ubicación geográfica del radar (por ejemplo: calle y numeración o intersección  o bien ruta  y kilometro

d)      Velocidad máxima autorizada en el lugar

 

UN SISTEMA PERVERSO, REALIDAD DE LAS FOTOMULTAS

 

La Provincia de Buenos Aires esta adherida a la Ley Nacional de Transito 24.449 en tanto no se contradiga con su Ley Provincial de Transito 13.927. En la ley provincial existe el artículo 28 bis, incorporado en Noviembre del año 2011 que  nos dice que aquellos instrumentos llamados popularmente radares deben estar señalizados con una antelación de 500 metros del lugar donde se encuentran, caso contrario, hará que las actas de infracción y/o foto multas generadas sean de NULIDAD ABSOLUTA y carente de vínculos exigibles para su efectivo pago. Sin embargo en el mes de enero 2012 una “victima” recibe un acta de infracción por exceso de velocidad ( 13 Km/h) en la localidad de Fontezuela, Partido de Pergamino , invitándolo al pago voluntario de la misma. La “victima” empieza a moverse y recibe por parte de la municipalidad de Pergamino una nota especificando que el radar de Fontezuela no tiene ningún cartel de señalización. Cuando recibe la citación por parte del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de Chivilcoy, la victima hace uso del artículo 71 de la Ley Nacional de Transito y remite por correo certificado las pruebas contundentes de que en Fontezuela no hay cartel de señalización del radar y en consecuencia e invocando el artículo 28 bis de la ley provincial 13.927 pide la nulidad del acta de infracción. Sin embargo la “victima” jamás obtuvo una vista de ese Juzgado ni el envio  de las actuaciones  a un juzgado de la jurisdicción de la “victima”. Paso el tiempo y la “victima” debe cumplir con dos tramites uno de ellos es la renovación de la licencia. Hoy esta renovación hecha en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y de la Provincia de Buenos Aires  está sujeta a un convenio entre estas dos jurisdicciones por el cual es necesario tener pagas las “infracciones graves” y con sentencia firme. Por otro lado la “victima” envió la correspondiente denuncia al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aportando frondosas fotocopias que contenían las pruebas en cuestión. También la “victima” vende su auto y debe cumplir con los tramites de transferencia. Nada pudo hacer la “victima” y mucho menos la “Defensoría del Pueblo” de la Provincia de Buenos Aires ante la denegatoria por parte de las autoridades correspondiente de no renovarle su licencia y no realizar el trámite de transferencia. La “victima” tuvo que pagar una infracción viciada absolutamente de nulidad. Esto simboliza un sistema perverso que afecta a miles de argentinos que deben acatar un sistema de control de infracciones de tránsito donde no se cumple la ley

REFLEXIONES

No soy hombre de derecho, mi especialidad son los números, los impuestos y la contabilidad empresarial, sin embargo y aprovechando el sitio dejo las siguientes reflexiones:

¿Puede un ciudadano afectado por esta escalada de foto multas viciadas que se remite a un negociado inmoral, tener el derecho de acudir a la justicia penal e iniciar a los responsable de estos actos un juicio por tentativa de estafa? Porque en realidad es eso de lo que se trata una simple tentativa de estafa a sabiendas de que el órgano encargado de emitir las actas de infracción sabe acabadamente que no está cumpliendo con la ley.

 

MARIOL 

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