E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

                                        E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

Página Web: http://www.estudiojuridicodrbarreiro.com

No procede el despido del dependiente pues no se probó que se hubiere retirado antes de terminar su jornada de trabajo ni causara daño al empleador.

Partes: Alfonso David Eduardo c/ Mailho S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Fecha: 15-dic-2015

Ilegitimidad del despido con causa del actor, al no haber sido acreditados los incumplimientos endilgados por el empleador, tales como haberse retirado el trabajador antes de finalizar la jornada laboral.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido causado del trabajador, pues en el telegrama rescisorio se observan imprecisiones en relación a si el horario en el cual se le exigía permanecer estaba dentro de su jornada legal de trabajo o implicaba el cumplimiento de horas extras; como también respecto de los reiterados incumplimientos que no detalla de ninguna manera, ni tampoco se precisó cuál era el daño que habría causado con dicha conducta.

2.-La accionada no solo no ofreció prueba para demostrar la conducta reprochada al actor, sino que además, habiendo podido hacerlo, no acompañó ni exhibió en el proceso el sistema de control horario que debía tener implementado, o cualquier otro medio probatorio, como para al menos demostrar que el actor se había retirado sin que culminara la jornada de trabajo que debía cumplir en los días en que señala se cometieron las faltas imputadas.

3.-Teniendo expresas facultades legales para la determinación de la tasa de intereses aplicables a fin de conformar la justa reparación por el crédito del trabajador, que también aplica para los supuestos de créditos derivados de prestaciones previstas por la LRT, en tanto con el mismo el trabajador procurará compensar la disminución o perdida de su capacidad laborativa, se considera adecuada la tasa de interés aplicable a los préstamos personales sin destino determinado, a sesenta meses que prevé el Banco del Nación Argentina.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los 15 días del mes de Diciembre de 2015 (15/12/2015), se constituye la Excma. Cámara Segunda del Trabajo con los Dres. Jorge Guido Gabutti, Norma Liliana Llatser y Julio Gómez Orellano, con el objeto de dictar sentencia en los autos N° 49.059, carat.: “ALFONSO, DAVID EDUARDO C/ MAILHO S.A. P/ DESPIDO”, de los que,

RESULTA:

A fs. 34/37 interpone demanda, por intermedio de apoderado, el Sr. David Eduardo Alfonso, en contra de la firma MAILHO S.A., a fin de obtener el cobro de $ 14.201,65, por los conceptos que detalla; o lo que en más o en menos resulte de las pruebas, con más costas e intereses legales, respecto de los cuales deja planteada la inconstitucionalidad de la Ley 7198.

Relata que que el actor ingresó a trabajar para la empresa desde el 12/02/2011, cumpliendo tareas de lunes a sábados, ocho horas diarias. Destaca que se desempeñó en la categoría de “Dependiente de Salón”, comportándose de manera ejemplar, cumpliendo con las ordenes impartidas y percibiendo por sus labores una remuneración variable de $ 3.940,10. Destaca que el actor siempre actuó de buena fe, dando cumplimiento a sus obligaciones laborales. Precisa que la demandada el día 10/12/2012, le cursó carta documento donde le notificó que era despedido por su culpa, manifestando que Alfonso se había retirado días anteriores sin completar la jornada laboral; lo que afirma es incorrecto y no ajustado a la verdad; por lo que su mandante en fecha 14/12/2012, envió telegrama laboral emplazando a obtener ocupación efectiva. Que la empresa le envía otra CD, en fecha 21/12/2012, rechazando la pretensión del actor; por lo que éste en fecha 26/12/2012, emplaza a la demandada a que le abone la liquidación final e indemnizaciones correspondientes; que al día de la fecha no se le abonaron. Practica liquidación. Ofrece pruebas. Funda en derecho.

A fs.45, la demandada comparece al proceso, se hace parte, constituye domicilio legal y contesta el traslado de demanda oponiéndose a que el actor incorpore nuevos hechos y amplíe su prueba en oportunidad de responder el traslado que se le confiera en función del art. 47 C.P.L.

A fs. 93, mediante auto del Tribunal se admiten las pruebas ofrecidas se disponen las medidas para su producción y se determina la aplicación de las normas del proceso sumario.

A fs. 115/117, obran las declaraciones testimoniales rendidas ante el Tribunal.

A fs. 145/152 obra informe pericial contable.

A fs. 162/163 obran los alegatos de la parte actor. Y a fs. 165 se practicó sorteo y se llamó los autos para sentencia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del C.P.L. el tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de la relación laboral?

SEGUNDA CUESTIÓN: Procedencia de los rubros reclamados?

TERCERA CUESTIÓN: Costas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE GUIDO GABUTTI DIJO:

I) En lo que respecta al vínculo laboral alegado por el actor esta primera cuestión debe ser contestada afirmativamente, en tanto surge debidamente acreditado con los recibos de sueldo acompañados y no desconocidos por la parte demandada (fs. 4/26); las comunicaciones postales que mutuamente fueron cursadas por las mismas antes de la promoción de la demanda, adjuntadas como prueba instrumental, tampoco desconocidas (fs. 28/31), y demás documentación laboral agregada; de todo lo cual se concluye que el actor se desempeñó bajo la dependencia de la demandada hasta el 10/12/2012 fecha en que se extinguió la relación por despido directo causado por decisión de la accionada (fs. 28); por lo que se concluye que el vínculo alegado encuadra en lo normado por los arts. 21, 22, 23 y concordantes de la LCT, debiendo tenerse por cumplido lo dispuesto en el art 45 “in-fine” del CPL. ASÍ VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR.JORGE GUIDO GABUTTI DIJO:

I.- No mediando controversia entre las partes en relación a la existencia de la relación laboral; y existiendo constancias registrales consignadas en los recibos de sueldo agregados, sin cuestionamiento alguno de la accionada, a fs. 4/26; tampoco existe contraposición entre las partes respecto de la fecha de ingreso, la categoría profesional del actor, la jornada laboral cumplida y la remuneración correspondiente.

a.- Resta entonces por resolver la procedencia de la causal de despido invocada por la demandada, para justificar el distracto.

No existiendo controversia entre las partes respecto del momento en que operó el despido, a partir de su comunicación mediante CD remitida el 10/12/2012, resulta útil para su análisis transcribir la causal extintiva expresada por la demandada y que la actora cuestiona como ilegítima.

En la mencionada misiva la accionada le comunicó al actor que la causa de la extinción contractual se fundó en: “Haberse retirado sin aviso y autorización el día sábado 8 de diciembre del año 2012 a las 24 horas y el día domingo 9 de diciembre del año 2012 a las 23 horas de su lugar habitual de trabajo cuando las necesidades de la empresa por mayor demanda de producción ameritaban y así se le pidió se retirara con los demás compañeros de trabajo, los cuales dejaron de cumplir sus tareas a las 3 AM del día domingo 9 de diciembre y 2 AM del día lunes 10 de diciembre respectivamente, causando un perjuicio económico y organizativo al establecimiento, conforme dejaron de atenderse 19 pedidos de clientes que no pudieron ser evacuados mediante el delivery ante la ausencia de personal. sumado a sus reiterados incumplimiento, todos con gran incidencia en el desarrollo de la estructura diaria de la firma, no consienten la prosecución de la relación laboral.”

Reiteradamente este Tribunal ha precisado (autos N° 39.065, carat.: “BRACCO, GABRIELA ALEJANDRA C/ IDEAS POETICAS S.A.P/DESPIDO” – 01-04-2011; autos N° 40.456, carat.: “NUÑEZ, JUANA MABEL C/ ALIANZA FRANCESA DE MENDOZA MARC BLANCPAIN P/DESPIDO” – 28/12/2011, entre otros) que según las disposiciones del art. 243 de la LCT, la causal del despido debe ser comunicada con “expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato”, mandando también la norma que ante la demanda promovida, “…no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas”

Así de la norma citada, cabe interpretar que el principio de invariabilidad de la causal de despido, impuesto en su segunda parte, va atado a la circunstancia de que el empleador exprese de manera precisa, clara y contundente la conducta que atribuye como injuriante a su dependiente, debiendo también citar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la misma; de forma tal que le permita a éste un adecuado y oportuno ejercicio del derecho de defensa, al conocer de manera indubitada la injuria que le es reprochada; fijando, al mismo tiempo la oportunidad precisa en la cual se debe expresar la conducta incumplidora, impidiendo al empleador que introduzca nuevos hechos o circunstancias una vez comunicado el despido, garantizando con ello también la transparencia en la acusación y en consecuencia el derecho de defensa cuando el litigio se radica ante una instancia jurisdiccional.

Examinando los términos de la comunicación de despido, notificados a través de la carta documento del 10/12/2012 (a fs.28), concretamente se acusa al actor de retirarse sin aviso ni autorización de su lugar de trabajo, sin haber extendido su jornada como el resto de sus compañeros; a lo que suma reiterados incumplimientos.

En primer lugar cabe observar que de tales términos se observan imprecisiones en relación a si el horario en el cual se le exigía permanecer estaba dentro de su jornada legal de trabajo o implicaba el cumplimiento de horas extras; como también respecto de los “reiterados incumplimientos” que no detalla de ninguna manera; lo que en principio impide tener por cumplidos los requisitos fijados por el art. 243 LCT para la comunicación de la causal del despido, ni tampoco se precisó cual era el daño que habría causado con dicha conducta; como para que el mismo tuviera la oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Sin perjuicio y además de ello, la accionada, quien omitió referirse de manera alguna a los hechos planteados por el actor; también adoleció, en su escrito de defensa de la prueba necesaria como para acreditar el hecho imprecisamente invocado para justificar su medida extintiva del contrato de trabajo.En efecto, la accionada no solo no ofreció prueba para demostrar la conducta reprochada al actor, sino que además, habiendo podido hacerlo, no acompañó ni exhibió en el proceso el sistema de control horario que debía tener implementado, o cualquier otro medio probatorio, como para al menos demostrar que el actor se había retirado sin que culminara la jornada de trabajo que debía cumplir en los días en que señala se cometieron las faltas imputadas; impidiendo ello tener por acreditada la causal de despido alegada en la misiva de la demandada; por lo que no queda más que concluir que el dependiente de ninguna manera incurrió en las conductas puntualmente acusadas y mucho menos en los incumplimientos a que genéricamente se refiere en su comunicación, como agravantes del hechos puntual; por lo que no habiendo logrado la demandada acreditar el hecho objetivo del que lo hizo responsable como injuria laboral grave que permitiera dejar de lado el principio de continuidad previsto en el art. 10 LCT; el despido directo dispuesto por la empleadora luce injustificado y sin sustento fáctico, resultando contrario a las disposiciones del art. 242 LCT.

De acuerdo con todo lo expuesto, considero que valorando la causal de despido esgrimida por la accionada, según los términos del art. 242 de la LCT; la misma resultó injustificada e ilegítima, con ajuste a las constancias de autos y a las pruebas arrimadas al proceso por las partes, fundada en una inconducta que finalmente no resultó demostrada en el proceso.

III.- Habiendo quedado determinado que el despi do comunicado por la demandada resultó injustificado; a los fines del cálculo de los rubros reclamados que prosperan, la mejor remuneración mensual, normal y habitual que debió percibir el actor, es la que informa el perito contador a fs. 148, que asciende a $ 3.940,00; que por otro lado se corresponde con los salarios percibidos por el trabajador en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2012 (ver fs.24/26).

a) De acuerdo al criterio expuesto, con las premisas determinadas precedentemente y el tiempo de servicio efectivamente trabajado, según se tuvo por acreditado; y resulta de la documentación laboral acompañada en autos; el rubro preaviso resulta procedente por la suma de $ 3.940,00; el SAC sobre el preaviso por la suma de $ 290,83; la indemnización por antigüedad (art. 245 LCT, según t.o. Ley 25.877), por la suma de $ 7.880,00, y la integración del mes de despido por la suma de $ 2.758,00.

b) Así, no habiéndose acreditado en autos el pago de SAC proporcional; vacaciones proporcionales; SAC sobre vacaciones, los mismos prosperan por las sumas que calculadas en el informe pericial contable, ascienden respectivamente a $ 1.970,00; $ 2.083,82; 173,65.

c) Igualmente prospera la sanción indemnizatoria prevista en el art. 2 de la Ley 25.323, en tanto, a la finalización del contrato de trabajo, el actor concretó el emplazamiento previsto en la norma como condición para su procedencia (ver CD fs. 31), cuya recepción o fue cuestionada por la accionada; con lo que tratándose de una multa la misma resulta de interpretación y aplicación restrictiva se verifican los presupuestos de admisión, por lo que el rubro se admite por el monto de $ 7.289,00.

De acuerdo con todo lo expuesto, la demanda prospera por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($ 26.385,30), suma a la que deberán adicionarse los sus intereses desde que la misma resulta adeudada y hasta su efectivo pago.

IV.- En cuanto a la tasa de interés aplicable, este Tribunal, en casos de similares características ha venido aplicando, para la determinación y cálculo de los intereses, la tasa activa que informa el Banco Nación para la operación de descuentos de documentos.

No obstante ello, recientemente en autos 45.380 “Olguín. c/ La Caja ART S.A.p/ Acc.” decidió un cambio de criterio debido a las contantes y cada vez más frecuentes distorsiones que las variables económicas, en especial la inflación, generan por su inestabilidad y falta de previsibilidad; afectan cada día con mayor severidad a los créditos laborales cuyo cobro procuran los trabajadores a través de los diversos procesos laborales que impulsan ante los Tribunales del Trabajo, sea que ellos surjan a partir de la aplicación de la LCT (to 20.744) o de la Ley de Riesgos de Trabajo Nro. 24.557.

Esta circunstancia claramente inclina la balanza de la manera inversa a la pretendida por el ordenamiento jurídico, haciendo que el transcurso de tiempo que discurre entre la mora del deudor del crédito laboral y el efectivo pago del mismo, juegue claramente en favor de éste, incentivando también dicha circunstancia una suerte de especulación financiera; en tanto la tasa de interés que se lleva aplicada resulta no solo inferior al índice inflacionario, sino también al costo financiero que manejan los bancos para financiar préstamos personales, perjudicando y licuando los créditos laborales, en clara contradicción con las directivas impuestas por el art. 14 bis CN, que establece la protección del trabajo en sus diversas formas, a través de las leyes que debieran asegurarle al trabajador, entre otros derechos, una retribución justa y protección contra el despido arbitrario, contando, dichos créditos, con dicha finalidad protectoria, con la calificación de “alimentarios”, reiterada y abundantemente conceptualizada tanto en doctrina como en jurisprudencia.

Que esa situación viene siendo advertida por el tribunal y más específicamente en recientes sentencias, entre las cuales puedo citar autos Nro. 50.125 – “Jofre,. c/ Liderar ART S.A. P/ acc.”, de fecha 30/10/2015; y autos Nro. 43.823 – “Ledesma, … c/ Mapfre ART S.A. P/ acc.”, de fecha 03/11/2015, causas en las cuales dos trabajadores distintos, con similar dolencia terminaron percibiendo la misma prestaciones dineraria contemplada en el art.14.2.a) LRT pero traducidos en cifras totalmente disimiles, habiendo percibido uno de ellos el doble de la suma cobrada por el otro, por la simple razón de que el primero fue beneficiado por la actualización de prestaciones dispuesta por la Ley 26.773; de la que no pudo valerse el segundo por haberse determinado su primera manifestación invalidante con anterioridad a la vigencia de dicha norma (plenario Navarro); situación que también se observar respecto de procesos en los cuales de procuran créditos derivados de la LCT, originados a partir de la extinción laboral .

Al respecto soy de la opinión que la actualización del valor de los créditos laborales no puede estar dado únicamente por la voluntad del legislador, sino que deben preverse mecanismos que contribuyan a una pronta recomposición, que resulte concomitante con el costo de vida, de lo contrario la protección del trabajo en sus diversas formas resulta una expresión inocua y carente de todo contenido práctico; resultando la situación inversa en beneficio de la parte más independiente del contrato de trabajo (el empleador), o de quienes administran la recuperación o compensación de su incapacidad disminuida, en caso de un infortunio o enfermedad laboral; ya que el crédito al que tiene derecho el trabajador en esas situaciones se ve claramente disminuido y en muchas ocasiones licuado a niveles irrisorios, en favor de quien tiene la obligación legal de cancelarlo.

Por tales motivos, con el presente cambio de criterio, motivado por el cambio de las condiciones económicas y financieras que se han advertido anteriormente, se busca tutelar el crédito del trabajador, “sujeto de preferente tutela”; procurando equilibrar y poner en un pie de igualdad a los sujetos de la relación procesal en autos, evitando que la acreencia a que nos referimos sea objeto de especulación por parte del deudor que simplemente con el transcurso del tiempo ve licuado el resultado del pleito y de la obligación a su cargo, cuando en realidad los intereses tienen la función de mantener incólume elcapital de la obligación del que no se puede disponer de manera inmediata.

Tal situación especulativa ya ha sido advertida por otros tribunales del país e incluso en nuestra provincia en el fuero laboral y también en el civil.

La Cuarta Cámara del Trabajo, con voto del Dr. Leandro Fretes Vindel Espeche, citando el plenario “Aguirre” de la SCJM, pronunció: “.Allí, además, el tercer resolutivo estableció “Los jueces tienen la obligación de verificar si en cada caso en concreto la tasa activa que ordenen aplicar resulta razonable y conlleva un resarcimiento legítimo y justo”. Bien se resolvió que el resarcimiento debido por responsabilidad contractual o extracontractual comprende, además del capital, los intereses correspondientes, porque éstos integran la indemnización, la que no estaría completa o no sería plena si no se pagase una renta por el tiempo de la indisponibilidad del capital. Los intereses son los frutos civiles de aquél (art. 2424, Cód. Civil) y, como tales, son de carácter accesorio (art. 2330, Cód. Civil). El interés es la renta del capital o la remuneración que percibe el acreedor por la indisponibilidad temporaria del capital. Una indemnización sin interés no está completa y, por lo tanto, no satisface el derecho constitucional del damnificado a una indemnización justa (art. 19 de la Constitución Nacional).” autos Nro. 17235 – “SUBIRATS, ROGER HORACIO C/ PROVINCIA ART S/ Enfermedad Accidente.

De tal manera se pregunta el Tribunal …. “.¿por qué a pesar de haber jurisprudencia clara y reiterada sobre algún tema, el empleador-demandado continúa litigando aún en segunda o tercera instancia? La respuesta es sencilla: mientra el “costo del tiempo del litigio, esto es, la tasa del interés moratorio sea menor a la tasa de interés del mercado por el cual el empleador se financia, el juicio laboral es una adecuada fuente de financiamiento.Por ello, a mayor demora en el trámite del proceso, mayor el beneficio empresario obtiene un préstamo a baja tasa a mayor tiempo). Como es negocio no pagar las indemnizaciones los litigios se incrementan en su número y, los juzgados repletos de trámites se hacen cada vez más lentos en las respuestas jurisdiccionales, lo que beneficia a los deudores. siendo la tasa baja y aún negativa -menor a la inflación- crece el incentivo del actor de lograr un acuerdo en cualquier término, pues el poder adquisitivo del capital reclamado se deteriora con el transcurso del tiempo, lo cual es violatorio del principio protectorio.”

Por otro lado, y apartándose del criterio inicialmente señalado de la tasa activa; la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral, de la Ciudad de Santa Fe, en autos “Ibarra, Eduardo Andrés c/ SUPERMERCADOS MAY. MAKRO S.A. s/ C.P.L.” (Expte. 70- Fo. 167 – año 2014), sostiene “.Así, corresponde preguntar: ¿qué se le debe indemnizar al trabajador?, y la respuesta es: los costos asumidos por la necesidad de financiar su consumo de bienes y servicios ante la imposibilidad de utilizar el dinero que se le debía conforme a la normativa laboral en el plazo del art. 255 bis de la LCT. El Derecho del Trabajo reclama como uno de sus principios el de primacía de la realidad”. Y recurriré a la aplicación del mismo en este caso: el trabajador presta servicios y como contraprestación recibe su sueldo, con lo cual concurre al mercado como consumidor de bienes y servicios. Cuando el empleador dispone en forma unilateral e incausado (y también en el despido indirecto) el fin del contrato, la persona que pierde ese status de “trabajador” y pasa a ser “desempleado”, pero no puede suspender su ca rácter de consumidor de bienes y servicios. Por lo cual, ese consumo que ya no se financia con el sueldo y que no se puede tampoco financiar en lo inmediato con la indemnización, pues aunque devengada no es pagada, debe financiarse de otra manera.Y así, es el costo de esta financiación alternativa del consumo del ex trabajador lo que debe indemnizarse. Esto es determinante en mi voto, pues siendo lo indemnizable los costos del financiamiento esto implica no solo reconocerle al trabajador la tasa de interés que debió pagar en la búsqueda de financiamiento, sino los costos adicionales de ese financiamiento (comisiones, sellados, etc.). Con lo cual, lo indemnizable es el Costo Financiero Total (CFT) que debió asumir el trabajador para sustituir el monto de la indemnización no abonada. De esta forma reitero, la determinación judicial de la tasa del interés moratorio debe ser aquella que repare el daño causado por el mayor costo de la financiación alternativa del consumo del acreedor laboral. Este criterio de justicia debe ser ponderado también como un concepto de eficacia en el sentido antes expuesto con relación a los efectos de esa tasa con respecto al empresario.”

En definitiva y teniendo expresas facultades legales para la determinación de la tasa de intereses aplicables a fin de conformar la justa reparación por el crédito del trabajador, que también aplica para los supuestos de créditos derivados de prestaciones previstas por la LRT, en tanto con el mismo el trabajador procurará compensar la disminución o perdida de su capacidad laborariva, se considera adecuada la tasa de interés aplicable a los préstamos personales sin destino determinado, a sesenta meses que prevé el Banco del Nación Argentina, en coincidencia con el criterio sostenido por la Cuarta Cámara del Trabajo de Mendoza, en el precedente antes referenciado.

Esta facultad judicial ya ha sido reconocida por la .Cámara en lo Civil y Comercial de Mendoza, en autos 250.264 – “GALDAMEZ, PABLO AGUSTÍN C/ DURAN ALVAREZ, BENJAMÍN P/DYP”, según sostuvo que “.Recientemente en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en la ciudad de bahía Blanca los días 1, 2 y 3 de octubre de 2015, la Comisión N° 2, por mayoría sostuvo que la previsión del artículo 768 inc.c) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará, siendo las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central solo una pauta de la que se puede servir el juez. …En consecuencia considero que, en resguardo del principio de reparación integral (art. 1738 C.C.C.), la tasa a fijarse no puede ser otra que la más gravosa para el deudor, de lo contrario estaríamos alentando situaciones de incumplimiento y menosprecio.”

Que todo ello resulta aplicable, una vez declarada la inconstitucionalidad de la Ley 7198, ya reiteradamente resuelta por este Tribunal, en distintos pronunciamientos, en mérito a la naturaleza alimentaria de los créditos laborales; y también por la SCJM (Expte N° 73717 “Liberty ART SA en J: Muñoz Benigno Nicolás c/ Aceros Cuyanos SA”; 03/12/02 (LS 315-228); Expte N° 79573 “Corporación de los Andes SA en J: 11657 Merlo Lafredo Daría c/ Corporación de los Andes SA”; 14/03/05; (LS 348-112)

Más recientemente la Excma SCJMza se expidió en el Expte N° 93319 “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J: 146708/39618 Aguirre…” (28/05/09), considerando que la Ley 7198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios, sin perjuicio de la facultad judicial de verificar en cada caso en concreto la razonabilidad de la tasa que se debe aplicar.Por todo lo dicho, es que el Tribunal en pleno asume también en este caso, un cambio de criterio en cuanto al indice de intereses a adoptar para el cálculo y actualización de los créditos laborales y que en el caso de autos, a la fecha de la presente sentencia, según lo informado por la página web del Banco de la Nación Argentina, arriba a la fecha a un 103,03 %.

Por tanto la suma admitida, con más sus intereses, aplicando el criterio precedentemente expuesto asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON SIETE CENTAVOS ($ 53.570,07) a la fecha de la presente sentencia. ASI VOTO.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE GUIDO GABUTTI DIJO:

En consideración con el principio chiovendano de la derrota las costas deberán ser soportadas por la demandada en lo que prospera la demanda, por resultar vencida. (art. 31 C.P.L. y 36 C.P.C.). ASÍ VOTO.

Por los fundamentos antes desarrollados, los Dres. Norma Liliana Llatser y Julio Gómez Orellano adhieren a los votos que anteceden.

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar sentencia que a continuación se inserta:

Mendoza, 15 de diciembre de 2015.-

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda condenando a “MAILHO S.A.”, a pagar al actor, el Sr. DAVID EDUARDO NICOLÁS ALFONSO, la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON SIETE CENTAVOS ($ 53.570,07), calculada a la fecha de la presente sentencia, dentro de plazo de CINCO DIAS de notificada la misma. En caso de incumplimiento se deberá calcular el interés equivalente a la tasa activa que informe el Banco Nación, hasta su efectivo pago.

II) Imponer las costas a la parte demandada, por resultar vencida, según lo resuelto en la Tercera Cuestión, (art 31 del CPL).

III) Regular los honorarios profesionales, por su efectiva labor profesional desarrollada en autos, en cuanto la demanda prospera del siguiente modo: Dr. Alejandro F. Jofré: ($.); Dra.Estela Silvana Viudez:($.); Dr. Fernando M. Ogando: ($.); Dr. Carlos Vega: ($.); Dra. Analía Ballestero:($.); Dr. Santiago Graffigna:($.). Y al perito actuante, Cont. Nicolás Roberto Quintero: ($.), teniendo en cuenta el mérito de la labor desplegada, su incidencia en la resolución de la causa y relación con los honorarios de los letrados. (LS 378-143; LS 171-375; LS 170-68; LS 166-13; LS 215-345; LS 244-114; LS 253-274; LS 299-227; LS 316-38; LS 238-271; LS 358-195 y LS 359-81(; (arts. 2, 3, 4, 31 y conc. Ley 3641, s.t.o. Dec. Ley 1304/75.

IV) Emplazar a la parte demandada en TREINTA DIAS, para que abone en autos la suma de $ 1.607,10; en concepto de TASA DE JUSTICIA, y en DIEZ DIAS, para que abone la suma de $ 1.071,40 en concepto de APORTES DE LA LEY 5059, y a los profesionales actuantes la suma de $ 80,35 en concepto de DERECHO FIJO (Ley 4976 y su Regl.).

V) Firme y ejecutoriada la presente resolución, emplazase a las partes en DIEZ DÍAS a retirar la documentación original acompañada, bajo apercibimiento de proceder a su archivo por Secretaría. NOTIFIQUESE A LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.); DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA, A LA CAJA FORENSE Y COLEGIOS DE ABOGADOS.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Firmado:

DR. JUAN MANUEL FORQUERA

Secretario

DR.JULIO M. GOMEZ ORELLANO

Camarista

DRA. NORMA LILIANA LLATSER LOPEZ

Camarista

DR. JORGE GUIDO GABUTTI

Camarista

Blog Stats

  • Total posts(873)
  • Total comments(0)

Forgot your password?