E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

                                        E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

Página Web: http://www.estudiojuridicodrbarreiro.com

La Sala E de la Cámara Civil obligó a un hombre a indemnizar a un plomero por las heridas que sufrió después de una discusión por una instalación que realizó.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "E", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "F. F. A. C/ K. C. A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia corriente a fs. 580, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. RACIMO.

 

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

 

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por F. A. F., contra C. A. K. conforme la atribución de responsabilidad consagrada en la norma aplicada (art. 1109 y 1072 del Código Civil).

 

Condenó a la demandada a pagar a F. A. F. la suma de $ 8.800 en concepto de daño moral, lucro cesante y daño emergente.

 

Ordenó el cálculo de los intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCivil, en pleno, 20/4/2009 en los autos "Samudio de Martínez c/ Transportes Doscientos Setenta S.A, s/ daños y perjuicios" ), y por último desestimó la reconvención deducida por la demandada por $ 35.000 en concepto de daño moral e impuso las costas.

 

En el mes de septiembre de 2007 K. le requirió al actor, quien en el ejercicio de su actividad laboral realizaba el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de redes de media y baja tensión en el country S. T. S., la colocación de una bomba presurizadora en su finca.Dado que la referida bomba presentaba desperfectos en su funcionamiento, el demandado solicitó su desinstalación, por lo que el actor concurrió a retirarla el 12/11/2007 para llevarla a reparar. En ese momento se le exigió la suscripción de una constancia del retiro.

 

Posteriormente, y debido a que la empresa fabricante de la bomba (Rowa) informó que para garantizar el producto la misma debía estar colocada, el 14/11/2007 el actor concurrió nuevamente al inmueble del demandado, acompañado en esa oportunidad por su asistente F. E. Una vez culminada su labor y previo a retirarse, F. le solicitó al accionado la devolución de la constancia que suscribiera en garantía, refiriéndole aquel que ello no era posible dado que la había extraviado. Ante la persistencia del reclamo, el demandado comenzó a insultarlo y a agredirlo tanto verbal como físicamente. Sostuvo el actor que el demandado le aplicó un fuerte golpe en la cabeza con un aparato telefónico, golpes de puño en distintas partes del cuerpo y un fuerte puntapié en la rodilla izquierda, provocándole con ese accionar importantes dolencias.

 

La parte actora apeló la sentencia a fs. 590 y expresó agravios a fs. 625/626 los que fueron contestados a fs. 668/671. Cuestionó la suma otorgada para resarcir la partida lucro cesante y sumó a su queja el rechazo por parte del sentenciante de grado del concepto incapacidad física sobreviniente, cuya reparación reclamó esta parte en el escrito de inicio.

 

A su turno, la demandada reconviniente apeló a fs. 595 y expresó agravios a fs. 628/666 los que fueron contestados a fs. 673/678. Cuestionó la valoración, por parte del magistrado de la anterior instancia, de los hechos y de las pruebas considerando la sentencia dictada nula, arbitraria e ilegal.Se agravió por el rechazo de la reconvención y el daño moral, consideró excesivos los montos indemnizatorios, cuestionó a su vez los intereses y la imposición de costas y por último se quejó por cuanto el sentenciante de grado tampoco declaró la conducta del actor como temeraria y maliciosa ni lo condenó por pluspetición inexcusable, conforme lo solicitara a fs. 99 pto. XVI de la contestación de demanda y reconvención.

 

II.- A efectos de un ordenado tratamiento de las cuestiones abiertas por las partes en las quejas mencionadas, analizaré en primer término lo atinente al modo en que se ha atribuido la responsabilidad por el hecho, para luego considerar los montos indemnizatorios en particular.

 

Establecido ello, cabe observar que la demandada recurrente en su extensa expresión de agravios y pese a un esfuerzo argumental, reitera argumentos ya ensayados en la primera instancia, por lo que dista bastante de ser la crítica concreta y razonada de la decisión cuestionada que prescribe el artículo 265 del Código Procesal.

 

Además, entiendo que dichos fundamentos fueron analizados prolija y correctamente en la completa y estudiada sentencia de fs. 580/587, por lo que adelanto que las quejas que nos ocupan no tienen la entidad suficiente como para conmover el criterio sustentado por el señor juez a quo.

 

En efecto, es principio aceptado que no se cumple con la carga del recordado art. 265 cuando el apelante se limita a reiterar los mismos argumentos ya expresados al articular las cuestiones o defensas resueltas en la resolución que pretende atacar, toda vez que ellos ya han sido evaluados y desechados por el juez de la causa (conf. Fassi y Yáñez, Código Procesal., t. II, pág. 481 nº 5; C.N.Civil., Sala "B" en E.D. 87-392; Sala "C" en E.D. 86-432; esta Sala, c. 135.023 del 16-11-93, c. 177.620 del 26-10-95, c. 542.406 del 2/11/09, c. 542.765 del 5/11/09, c. 541.477 del 17/11/09 y, c.544.914 del 3/12/09, entre muchas otras).

 

En este sentido, la crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio, y lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso. Queda claro así, que debe tratarse de un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto lógico contenido en la sentencia que se impugna (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado; t. 2, pág. 98), pues la argumentación no puede transitar los carriles del mero inconformismo (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, t. II, pág. 74).

 

Sin perjuicio que lo hasta aquí expuesto bastaría para proceder al rechazo del recuso, a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio, procederé a realizar algunas aclaraciones en torno a los agravios formulados por la demandada reconviniente.

 

K. se quejó por cuanto el sentenciante de grado determinó la inexistencia de responsabilidad por parte de F. al considerar, a la luz de las pruebas arrimadas al proceso, admisible la acción promovida por éste y rechaza a su vez, la reconvención promovida por aquél, al no acreditar este último que su contrario haya incurrido en un incumplimiento objetivo que lo haga civilmente responsable.

 

Refiere el recurrente que el a quo habría descartado los dichos de los testigos M. A. S. y L. A. G. quienes, según sostiene, habrían declarado, en sede penal, de manera fiel lo sucedido y, en cambio, meritó sin ningún motivo fundado los dichos del testigo E., no obstante que el mismo era dependiente del actor por lo cual deberían haberse apreciado con mayor estrictez sus dichos.

 

Por otra parte, sostiene el apelante que el juez de grado al valorar la prueba rendida por esta parte no consideró los supuestos de legítima defensa.Así expresa, que la agresión ilegítima habría tenido lugar desde un principio por parte del actor con el hecho antijurídico de permanecer en la vivienda, y al serle ello impedido, al comenzar la gresca con forcejeos para continuar ingresando en la finca; tampoco consideró que esta misma parte no habría empleado un medio irracional para repeler la agresión ilegítima y, por último, que no habría existido provocación alguna de la parte recurrente hacia el actor sino por el contrario, que habría sido aquél quien provocó la situación al permanecer por la fuerza en la casa del demandado.

 

De igual modo y con los mismos argumentos se agravia el recurrente por el rechazo de la reconvención que oportunamente planteara (fs. 90/103). Funda su queja en que el actor habría incurrido en un acto antijurídico que lo haría civilmente responsable de los daños causados, ya que habría violado el derecho de propiedad del demandado al haber permanecido a la fuerza dentro de su domicilio, motivo por el cual sería responsable del daño moral sufrido por esta parte.

 

Hasta aquí los agravios esgrimidos por la parte recurrente los que, lejos de ser luego confrontados con la prueba rendida en estos autos de manera de acreditar los extremos sobre los que aquellos se apoyan, constituyen meras discrepancias dado que, a renglón seguido de enunciarlos, solo se realiza una extensa transcripción de ciertas pruebas que fueron objeto de especial análisis y tratamiento en la sentencia apelada.

 

Así, entre las pruebas que enuncia la quejosa, se encuentran las cartas documento enviadas y recibidas por las partes (fs. 241 y 245), la exposición del actor efectuada en la comisaría de la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría (fs. 131), declaración de los testigos S., G., F., A., V. (fs. 137/138, 143, 459/461, 142, 459/61 respectivamente) y la pericia médica (fs.351/356, 435/436, 437/438 y 479).

 

Como se dijera con anterioridad, la síntesis de dichas pruebas soslaya el conjunto de la prueba rendida en estos autos.

 

Así, en base a las testimoniales mencionadas ut supra y como fundamento de la reconvención, K. volvió a sostener en sus agravios que: "F., el actor, estaba violando el derecho de propiedad del demandado, por cuanto este permaneció por mas de 45 minutos en su finca a la fuerza, de manera hostil y agrediendo injustificadamente con el solo hecho de permanecer a la fuerza y sin la posibilidad de que se retirase por sus propios medios, ya que conforme el relato de los testigos que se corroboran con los dichos del actor mismo en sede penal, el accionante no se movería de allí, ni lo sacaría nadie, mas allá del pedido del demandado, l os empleados de seguridad y la proximidad de la llegada de la policía." Continuó sosteniendo ".que lo testimoniado prueba claramente que la situación generada por la conducta antijurídica del actor ha causado grave daño moral en el demandado por haber sido objeto de desprestigio, deshonor, causándole un estado de vergüenza y humillación social y violando sus derechos personalísimos; destruyendo y dañando en un triz toda una vida de hacer y construir de manera honrada, digna y de mucho esfuerzo y sacrificio para lograr sus metas." Ahora bien, con las declaraciones en sede penal de los testigos E. y L., ponderando especialmente las ventajas que conlleva el análisis de las pruebas recolectadas en sede policial instantes después de ocurrido el hecho por la mayor espontaneidad de los testimonios recibidos, entiendo y comparto con el magistrado de grado que ha quedado demostrado que K. golpeó a F. (ver fs. 132 y 135).

 

Sin perjuicio del ello, cabe aclarar con relación al agravio de la demandada que refiere al hecho que el a quo habría descartado los dichos de S. y G.meritando en cambio los dichos de E., que el hecho de ser dependiente, caso de E., o esposa, caso de S., de una de las partes no descalifica al testigo para prestar declaración, mas el juzgador habrá de examinar sus dichos con severidad, tratando de establecer en qué medida revisten seriedad y aportan credibilidad a lo que refieren.

 

Por otra parte, el testigo G. sin perjuicio de sostener que no vio al demandado golpear con un teléfono al actor, sí declaró que éste tenía un teléfono en la mano y vio algo en la frente de F. que parecía como un chichón (ver fs. 143).

 

También el testigo H. en sede civil a la pregunta n° 9 acerca de ".como era el estado físico de F. en ese momento" respondió.estaba agitado y tenía un golpe en la frente, un chichón, no se si era un golpe y tenía una de las rodillas inflamadas" (ver fs. 407).

 

Todo cuanto ha sido dicho con relación al estado físico de F. quedó corroborado con el reconocimiento médico realizado por el Dr. A A. el mismo día del hecho, 14 de noviembre de 2007, quien luego de examinar personalmente al actor determinó: colección serohemática con escoriación en el cuero cabelludo región frontal, escoriación en dorso del dedo mayor, mano derecha, extremo distal y edema de rodilla izquierda. Finalizó el reconocimiento informando que las lesiones descriptas de no mediar complicaciones demandarán para su curación un lapso menor a treinta días con igual tiempo de incapacidad laboral (ver fs. 136).

 

A mayor abundamiento, el perito médico en las explicaciones dadas a la parte actora respecto al informe pericial, ha expresado que el mecanismo referido -puntapié-, pudo producir edema en la rodilla como se consignó en el informe del médico legista del cuerpo médico de Lanús. Dicho proceso inflamatorio superficial produce dolor y se suma a la sintomalología dolorosa que ya presentaba el actor.(ver fs.136 y 435).

 

El demandado K., fundó su postura defensiva en base a la legítima defensa.

 

A ello, cabe observar que aun cuando toda violación de un derecho debe ser reparada o evitada a través de la intervención del Estado, pueden ocurrir circunstancias que por lo imprevisto y súbito del ataque requieran la acción inmediata del propio amenazado o de terceros. Tal es lo que ocurre en la legítima defensa (conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, t. IV, n° 2725 ch, pág. 59).

 

Nuestro Código Civil no contiene ninguna norma que contemple la legítima defensa como eximente de responsabilidad civil, si bien el art. 2470 dispone: "El hecho de la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia, y repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde; y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa. Se trata de la defensa extrajudicial de la posesión.

 

La protección penal está contenida en el art. 34 inc. 6 del Cód. Penal "No son punibles.6° el que obrase en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.".

 

Por ello, se ha sostenido que al estar la legítima defensa expresamente autorizada como medio de defensa privada de la posesión, constituye suficiente justificación por aplicación de la norma transcripta del Código Penal. Para ello debe reunir las siguientes condiciones: agresión ilegítima o sea, injusta; ataque presente, o sea comenzado y no terminado; necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, es decir proporcionado a la gravedad de ésta; y no debe haber provocación por parte de quien se defiende (conf.Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 2da. ed., pág. 118).

 

La defensa debe ser racional en cuanto a su necesidad misma y al medio empleado, resultando de fundamental importancia la estimación subjetiva del peligro a que se creyó expuesto o creyó verse el que se defiende (conf. Acuña Anzorena, en Salvat, ob. cit., n° 2725 d, pág. 62).

 

En este orden de ideas, al referir el demandado apelante, en contra de lo sostenido por el a quo, que la agresión ilegítima habría tenido lugar desde un principio por parte del actor con el hecho antijurídico de permanecer en la vivienda, y al serle ello impedido, comenzar la gresca con forcejeos para continuar ingresando en la finca, he de compartir el análisis hecho por el señor juez de la anterior instancia en el sentido que no demostró K. la causa de justificación invocada toda vez que, conforme se desprende de las constancias de la causa, F. se encontraba en la casa del accionado para realizar la tarea de recolocación de la bomba, para la posterior reparación de la misma. Luego de realizada la instalación permaneció en la vivienda con el único fin de reclamar la constancia de garantía de retiro que le había firmado al demandado dos días atrás y que K. le informaba que la había extraviado. Tampoco fue racional que el demandado golpeara al actor encontrándose presentes en el lugar, con el propósito de poner fin al conflicto, dos personas de seguridad del country -L. y G. -.

 

Por último, y sin soslayar que K. no presentó ningún rastro o herida como efecto de los supuestos forcejeos, no encuentro al analizar los testimonios recibidos, prueba alguna de que F.haya golpeado o agredido al aquí demandado, más allá de su fundada insistencia en recuperar la constancia que había firmado.

 

Es oportuno recordar, como reiteradamente se ha dicho, que la ponderación del juicio del juzgador acerca de los hechos y de la apreciación de la prueba rendida por las partes, debe medirse tomando el proceso en su desarrollo total y con respecto a la lógica y razonabilidad de las conclusiones que sienta en su mérito. La prueba debe ser así valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el Código Procesal, puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo integral y ponderado en múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí; resultando censurable la descomposición de los elementos, disgregándolos para considerarlos aislada y separadamente" (conf. Morello A., Códigos Procesales., t.V-A, pág. 251, Editorial Abeledo Perrot 1991).

 

Los medios de prueba no constituyen, en consecuencia, compartimentos estancos: unos y otros son elementos de un todo, y es el conjunto el que da la prueba sintética y definitiva que permite reconstruir los hechos (conf. Gorphé F., La apreciación judicial de las pruebas, pág. 463 y siguientes, Fedye, Bs. As.).

 

Es por todo ello que no encuentro elementos en el expediente que me permitan arribar a una conclusión diferente a la del señor juez a quo y, en consecuencia, propongo a mis distinguidos colegas que se rechacen los agravios de la demandada y se confirme la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a la adjudicación de responsabilidad.

 

III.- La parte actora cuestiona el rechazo del daño físico por parte del anterior magistrado. Como es sabido, el mencionado concepto comprende cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad laborativa del individuo, como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf.Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5, pág. 219, n° 13; esta Sala, causas 24.116 del 20-10-86, 43.169 del 18-4-89 y 66.946 del 18-5-90, entre muchas otras).

 

Es que -conforme principio reconocido- la integridad corporal de la persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, "Daños a las personas - Integridad sicofísica", t. 2 a, pág. 41; esta Sala, causa 124.883 del 22-3-93).

 

A fs. 351/354 presentó su informe el Dr. G. E. L., perito médico, especialista en traumatología, designado de oficio quien, en base a la información existente en autos, a los estudios complementarios realizados y a la revisión efectuada personalmente al actor y como consecuencias físicas del hecho del que fuera víctima, comprobó en F. la presencia de un proceso degenerativo tricompartimental en la rodilla de tipo crónico previo al incidente de autos, con compromiso óseo, cartilaginoso y meniscal. Aclaró que el proceso inflamatorio producido por el traumatismo agravó la sintomatología dolorosa en dicha rodilla por un período de 60 días aproximadamente.

 

Por otra parte, el experto consideró que en la actualidad el actor no presenta incapacidad por lesiones o secuelas atribuibles al incidente en autos y aclaró que para el período inicial de dos meses referido por el actor, durante el cual debió realizar un tratamiento con antiinflamatorios y guardar reposo por el traumatismo de rodilla, puede estimarse la incapacidad en un 9%, como lo determinan las tablas de evaluación de incapacidades laborales del decreto 659/96 para un sindrome meniscal con signos objetivos.La misma fue parcial y transitoria por 60 días aproximadamente.

 

Si bien el informe médico fue impugnado por ambas partes en la instancia de origen, el perito respondió a aquellas de manera sólida y contundente.

 

Sobre el punto, preciso se hace destacar que esta Sala ha sostenido que en hipótesis como la de autos, en que quien a consecuencia del evento dañoso no padeció secuelas de tipo permanentes, en principio no tiene derecho a indemnización alguna por este rubro (ver, al respecto, mi voto en causa 230.012 del 19-11-97 y sus citas y voto del Dr. Dupuis en causa 252.424 del 9-11-98). Es que la incapacidad transitoria que pudo haber ostentado, si le impidió a la víctima el ejercicio de tareas laborales, debe indemnizarse a través del lucro cesante y en la medida que éste se encuentre acreditado. Bien se ha dicho que la incapacidad permanente -sea para actividades laborales o de otra índole- debe ser resarcida aunque la víctima no haya dejado de "ganar", pues la integridad física perdida tiene en sí misma un valor indemnizable. El lucro cesante, por el contrario, conjuga las pérdidas experimentadas durante el lapso de inactividad o disminución de la actividad laboral, es decir, que responde a la incapacidad -total o parcial- pero transitoria. En cambio, la incapacidad permanente absorbe el lucro cesante (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 218 n° 12). Y si no 9 hubiera pérdidas, sólo queda el resarcimiento en caso de ser susceptible de producir daño moral y a través de este rubro. (conf. esta Sala en c. 546.651 y 546.647 del 19-04-10; c. 553.926 del 24-11-10; 613.133 del 11-03-13, entro otras).

 

Por consiguiente, dado que las lesiones descriptas son propias de un proceso degenerativo crónico, el cual se encontraba presente en la articulación del actor con anterioridad al incidente de autos y que el trauma sufrido trajo aparejado un proceso inflamatorio mínimo y por el cual F.pudo volver a trabajar a los dos meses (fs. 435 y 479), propongo confirmar la sentencia anterior en cuanto rechaza esta partida. Ello, sin perjuicio de valorar el tiempo estimado de incapacidad transitoria al abordar el tratamiento del lucro cesante.

 

IV.- La parte actora cuestiona la reducción, por parte del magistrado de grado, del monto requerido en concepto de lucro cesante. A su turno la demandada se queja por el otorgamiento de la partida.

 

Este daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas, de no haber ocurrido el hecho, debían ser logradas por el perjudicado con suficiente probabilidad sin requerirse la certeza absoluta, sino apreciada tal probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias de cada caso (conf. mi voto y sus citas: esta Sala, cc. 59.502 del 11-12-89, 29.837 del 31-8-87 y 88.218 del 13-5-91; v. asimismo voto del Dr. Mirás antes citado en c. 143.892 del 29-3-94 y voto del Dr. Dupuis en c. 423.106 del 26/8/05).

 

En el caso de autos, han declarado sobre esta cuestión F. L. E. (fs. 432/434), F. M. P. (fs. 370/372), A. R. A. (fs. 410/411) y M H. H. (fs. 407/408), quienes se encuentran contestes en referir la actividad laboral que desempeñaba la víctima como así también el periodo de tiempo (dos meses aproximadamente) por el cual F. se vio imposibilitado de realizar su trabajo.

 

Por otra parte, de la certificación de ingresos obrante a fs. 254/256 como de la pericia contable de fs. 339 se detalla, conforme a la documentación compulsada, que el importe total facturado durante el periodo 14/5/07 al 14/11/07 ascendía a un promedio mensual de $ 10.565. Por último, conforme a las facturas correlativas no surgían importes facturados durante el período 15/11/07 al 16/01/08.

 

Así, habida cuenta el plazo de curación estimado por el Cuerpo Médico Forense (ver fs.121 de la causa penal), sin soslayar que el perito contador elaboró su dictamen sin examinar los libros contables, apoyándose únicamente en las facturas aportadas, y compartiendo con el señor Juez el hecho que de la testimonial rendida se desprende que el actor contaba con uno o dos ayudantes que pudieron efectuar los trabajos que le encomendasen a F., considero que la suma reconocida en la sentencia de primera instancia por este concepto, resulta razonable y por lo tanto propongo confirmarla.

 

V.- Se agravian ambas partes con relación a las sumas otorgadas por el magistrado anterior para resarcir el daño moral.

 

Como primera medida, cabe señalar que es criterio uniforme aquel que ha establecido que, estando en presencia de un supuesto de responsabilidad extracontractual -como lo es el caso de autos-, no cabe requerir la prueba específica de su existencia, debiendo tenérselo por configurado por el solo hecho de la acción antijurídica (conf. Orgaz, El daño resarcible [Hechos ilícitos], 3a. ed., pág. 216 nº 66; CNCiv. Sala "A" en E.D. 67-353; Sala "D" en E.D. 75-306; Sala "F" en E.D. 92-365; esta Sala, causas 285.983 del 9-5-83, 5.219 del 3-5-84 y 90.799 del 17-6-91).

 

Ha señalado esta Sala que constituye daño moral toda lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento; en fin, la perturbación, de una manera u otra, de la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala "D" en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala "F" en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala "G" en E.D.100-300, esta Sala, causas 502 del 26-12-83 y 66.984 del 30-5-90).

 

Asimismo, se ha decidido que a los fines de establecer su cuantía deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquel y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala "B" en E.D. 57-455; Sala "D" en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94).

 

En el caso, F. A. F. sufrió a raiz del hecho de autos una experiencia traumática sin obviar las lesiones, la incapacidad de índole transitoria y los daños padecidos, provocados por la sorpresiva agresión física, de las que dan cuenta las constancias de la causa penal (agregada a fs. 130/166), los informes del Centro de Diagnóstico "Fundación Científica del Sur" (fs. 251/253) y los de la Dra. S. J. (fs. 11 285/286) y las pericias médica y psicológica (fs. 351/356, 435/436, 437/438, 479 y 214/219).

 

Por todo ello, teniendo en cuenta el evidente cúmulo de angustias que le provocó al actor la agresión de autos, la naturaleza de los daños, lo informado por los expertos en sus pericias y de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 386, parr.1° del CPCC), que no son otra cosa que la lógica y la experiencia del juez de acuerdo al recto entendimiento humano, considero que la suma fijada resulta adecuada a las particularidades del caso, de modo que propicio su confirmación.

 

VI.- La parte demandada cuestiona que se haya otorgado un monto por daño emergente sin haberse probado los gastos terapéuticos y de medicamentos.

 

En lo atinente a estos gastos, la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de este tipo de gastos que, como los de farmacia, son necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento (conf. esta Sala, L. nº 7356 del 29-8-84 y sus citas; L. nº 5l.594 del 20-9-86; L. nº 41.431 del 3-3-89; ídem, L. nº 64.8l4 del 26-4-90; Sala "C", E.D. 98-508 y sus citas; entre muchos otros).

 

No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social, adhesión a su sistema de salud prepago o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentra a cargo de los afiliados o parientes y que aquellos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf.mi voto, causas nº 107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92 y 127.547 del 19-4-93, nº 119.174 del 15-12-92 y 146.808 del 18-5-94; causas nº 154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala "M", c.61.766 del 27-3-91; Sala "C", c.129.891 del 2-11-93; etc.).

 

De allí que, computando que el actor fue atendido en el Policlínico Lomas perteneciente a su Obra Social (ver fs. 2/6), que le realizaron diversos estudios (radiografías, resonancia magnética), que le determinaron tratamiento con antiinflamatorios y que debió permanecer en reposo por un tiempo de 2 meses aproximadamente, es que considero que el importe fijado resulta equitativo, por lo que habré de proponer que se desestime la presente queja.

 

VII.- La demandada solicita que se modifique el criterio utilizado en cuanto al modo de cómputo del interés ya que se ha mandado pagar la indemnización con la tasa activa, a pesar de que la misma se calculó a valores actuales.

 

El juez de primera instancia fijó la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en el plenario de esta Cámara en autos "Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios".

 

Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos "Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios"  del 2-8-93 y "Alaniz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 S.A.C.I.interno 200 s/ daños y perjuicios"  del 23-3-04 -que ratificó el anterior-, estableciendo como doctrina legal obligatoria la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver autos antes mencionados "Samudio").

 

Ahora bien, la Sala considera que aceptar que la tasa activa mencionada se devengue desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, se estaría computando dos veces la misma cosa: la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, dado que en esta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda (ver fallos de esta Sala -aunque referidos a la tasa pasiva promedio- en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; 13 Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap.V).

 

Y reiteradamente ha decidido que cuando se establecieron -como en el caso- los rubros indemnizatorios a valores de la fecha de la sentencia, es decir, actuales, debe aplicarse la tasa del 6% anual por el período comprendido entre la fecha del evento dañoso y el del referido pronunciamiento, haciéndolo con posterioridad la activa prevista en el plenario referido (ver mis votos en causas 522.330 del 21-4-09 y 527.451 del 12-5-09; Vázquez Ferreyra, La tasa aplicable en los juicios de responsabilidad civil, en L.L. del 10-6-09, pág. 7), de modo que cabe modificar este aspecto del pronunciamiento en el sentido indicado.

 

VIII.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 580/587 únicamente en materia de intereses en la forma recién propuesta, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de Alzada deberán imponerse al demandado sustancialmente vencido, dado que lo relativo a las partidas indemnizatorias se trata de una cuestión diferida al prudente arbitrio judicial (art. 68 del Código Procesal).

 

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

 

JUAN CARLOS G. DUPUIS.

 

MARIO P. CALATAYUD.

 

FERNANDO M. RACIMO.

 

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 1016 a Nº 1023 del Libro de Acuerdos de la Sala "E" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

 

Buenos Aires, noviembre veintiuno de 2013.-

 

Y VISTOS:

 

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 580/587 en materia de intereses, los que por el período comprendido entre la fecha del hecho y hasta la del citado pronunciamiento, deberán ser calculados a la tasa del 6% anual, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Costas de alzada al vencido, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes (art. 14 279 del Código Procesal) para una vez que obre en autos liquidación definitiva aprobada. Not. y dev.-

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