E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

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Página Web: http://www.estudiojuridicodrbarreiro.com

En tanto la negativa de la Obra Social demandada a brindar cobertura de tratamientos de salud involucra normas administrativas, procede la declaración de incompetencia del juez civil.

Partes: M. M. H. y otro c/ O. s/ amparo

Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil

Sala/Juzgado: Nº 103

Fecha: 27-oct-2015.

En tanto la negativa de la Obra Social demandada a brindar cobertura de tratamientos de salud involucra normas administrativas, procede la declaración de incompetencia del juez civil.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia por la que el juez civil se declara incompetente para entender en la acción de amparo Nacional contra la Obra Social que se niega a brindarles la prestación y acceso integral a los procedimientos, tratamiento, técnicas, intervenciones, terapias, estudios médico asistenciales de fertilización y reproducción médicamente asistida y de salud contempladas en la Ley 26.862 debiendo radicarse la causa ante el fuero contencioso administrativo y tributario atento la obra social de la ciudad demandada.

Fallo:

Buenos Aires, 27 de Octubre de 2015.-

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones se remiten a este Tribunal a los efectos de conocer acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 64/66 por la peticionaria contra la resolución de fs. 53, concedido a fs. 67 vta. ap. 2, el que se tuvo por fundado en el mismo escrito de interposición.-

En el decisorio de fs. 53 el Sr. Juez “a quo” se declara incompetente para entender en estos actuados. Dispone su remisión a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que continúe su tramitación.-

A fs. 71/73 dictamina el Sr. Fiscal de Cámara, en el sentido de que se confirme la resolución de Primera Instancia y se remitan las actuaciones a la Justicia Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Para resolver cuestiones de competencia, debe estarse, en primer lugar a los hechos y al derecho alegados en la demanda, siempre, claro está que la relación o apreciación de los mismos no sea arbitraria o se encuentre en pugna con los elementos objetivos obrantes en autos (CSJN, Fallos: 279-95; 217-22; 281-97, Colombo,

“Código Procesal.”, 1969, I, pág. 26, N° 5).-

En el “sub lite” los actores promueven acción de amparo a fs. 2/8 en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA). Motiva su presentación la negativa de la Obra Social ,a brindarles la prestación y acceso integral a los procedimientos, tratamiento, técnicas, intervenciones, terapias, estudios médico asistenciales de “fertilización y reproducción médicamente asistida y de salud” contempladas en la Ley 26.862.Aducen que la situación en que los coloca su Obra Social resulta lesiva de principios y derechos de raigambre constitucional, vulnerando sus derechos a la vida y a una salud digna.

Solicitan que la demandada les brinde la cobertura del 100 % en los tratamientos indispensables para la fertilización asistida así como los medicamentos e insumos para continuar con el tratamiento que iniciaron hasta la culminación del mismo, conforme surge de fs. 2 vta.-

Formulan reserva de promover las acciones indemnizatorias personales por daños y perjuicios, daño punitivo y daño moral, entre otras, y el derecho a iniciar una querella penal contra los responsables de la denegatoria a cumplimentar debidamente lo previsto por la ley 26.862, tal como indican a fs. 7 vta., ap. X.-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Barreto, Alberto D. y otra c/Provincia de Buenos Aires y otro” , del 21/03/2006 ( LA LEY 2006-c, 172, con nota de Silvia B. Palacio de Caeiro; DJ 12/04/2006, 956, CON NOTA DE Marcela I. Basterra; LA LEY 07/04/2006, 6, con nota de Augusto M. Morello; La Ley 28/03/2006, 3, con nota de Calogero Pizzolo; LA LEY 2006-b, 391; LA LEY 2006-E, 266, con nota de Alejandro Pérez Hualde), dispuso que a efectos de determinar la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encuadran en el concepto de “causa civil” previsto en el art. 24 inc. 1 del Decreto ley 1285/58 aquellos litigios regidos exclusivamente por normas del derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica, como en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada, y en la determinación y valuación del daño resarcible.

En el mismo sentido, en el precedente “Fiorito Omar Horacio y otro c/Buchbiinder, Marcos” , del 11/03/2008 (www.laleyonline,com.ar/maf/app; cita Online: AR/JUR/420/2008; publicado en LA LEY 2008-C, 156; DJ 11/06/2008-II, 398 -Sup.Adm 2008

(abril), 55), la Corte sostuvo que “resulta competente la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires -y no la Justicia Nacional en lo Civil- para entender en una acción de daños y perjuicios, entablada en virtud de la presunta mala praxis en la que habría incurrido el personal médico de un hospital público de esa ciudad, ya que el sujeto demandado es una persona jurídica pública estatal -Gobierno de la Ciudad- y la materia debatida es propia del derecho público local, en tanto la responsabilidad de la autoridad local derivaría de una falta de servicio imputable a los médicos del nosocomio demandado” (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo)

La solución adoptada por la Corte Suprema en casos análogos es definitoria para resolver el presente y sella la suerte de la cuestión constitucional planteada en esta causa. No por mera conveniencia de adecuación de recaudos formales, o por aplicación de principios de celeridad y economía procesal, sino por la autoridad indelegable que en esta materia le incumbe al más Alto Tribunal de la República, en tanto intérprete natural último e inobjetable de la Constitución Nacional.

“Nuestra Constitución ha incardinado dentro de lo que ella llama “Poder Judicial” una verdadera jurisdicción constitucional, cuya cúspide pertenece a la Corte Suprema. Y, en esta situación jerárquica, la Corte actúa como tribunal de garantías constitucionales. Cuando la Corte interpreta la Constitución, lo que ella dice integra la misma Constitución con igual jerarquía suprema que sus normas escritas.Ello es así en cuanto la interpretación judicial de la Constitución hace un todo con ésta dentro de su rango eminente. Aunque parezca un juego de palabras, la supremacía del derecho judicial cuando éste interpreta la Constitución no es tanto supremacía de la jurisprudencia que interpreta la Constitución sino más bien supremacía de la propia Constitución judicialmente interpretada.” (Conf.Bidart Campos, Germán, “La Corte Suprema”, págs. 14, 27 y vta., ed. Allende y Brea, Bs. As., 1982; y “El derecho constitucional del poder”, t. II, p. 275, allí cit. en nota 5).

Cuadra poner de relieve que si bien no existe norma que disponga la obligatoriedad general de las doctrinas dictadas por el máximo tribunal -en tanto cada juez debe interpretar la ley-, no es menos cierto que aquéllas tienen una influencia moral trascendente que no pueden omitirse sin que al menos se aporten nuevos argumentos. (conf. esta Sala en Expte n° 16.662/2003 caratulado “Lunelli Catalina c/Repetto Oscar Luis s/Ejecución Hipotecaria” – Juzgado n° 54 -, del 21/12/2007, entre muchos otros antecedentes).-

En efecto, es menester recordar que cuando un proceso llega a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario y ésta dicta sentencia, el tribunal inferior al que se devuelven los autos está estrictamente obligado a dictar un nuevo procedimiento con pleno acatamiento de aquélla. Si por el contrario desconoce, altera o frustra lo que así se resolvió, se abre, como es sabido, una nueva vía recursiva extraordinaria para preservar la decisión anterior del máximo tribunal en su debido alcance. (Conf. esta Sala “in re” “Scheinkerman Edith c/Devani Rubén Armando y otro s/Ejecución Hipotecaria” – Juzgado n° 104- del 28/12/2007, entre otros)

El valor de los precedentes judiciales como fuente del derecho no es moral o retórico. Además de la obligatoriedad de la doctrina legal emanada de fallos plenarios dictados en consecuencia de los recursos de inaplicabilidad de ley (conf. art. 288 y sgtes, en especial art. 300 del C.P.C.C), las sentencias de la Corte Suprema surten el efecto de los precedentes judiciales con valor de ejemplaridad y requieren acompañamiento por arte de los tribunales inferiores (Conf. Gelli María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. La Ley. Tercera Edición ampliada y actualizada. 2006, pág.980 y 981)

Las sentencias de la Corte Suprema tienen para los demás Tribunales valor de ejemplaridad y producen seguimiento no sólo en el orden federal sino también en el local. En consecuencia, la sentencia modelo es aceptada como pauta normativa por los tribunales inferiores y también por los órganos de poder que las toman en consideración en el ejercicio de sus particulares atribuciones (Conf. Bidart Campos Germán, “Manual de Derecho Constitucional Argentino; Ed. Ediar, Buenos Aires, 1979, p. 757).

El propio Tribunal Supremo ha sostenido el deber de los magistrados inferiores de prestar acatamiento a su doctrina afirmando “que tan incuestionable como la libertad de juicio de los jueces en el ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte Suprema tiene, por disposición de aquélla y de la correspondiente ley reglamentaria, autoridad definitiva para la justicia de toda la República -art. 100 hoy art. 116 de la Constitución Nacional; art. 14 de la ley 48- (“Santín Jacinto I. c/Impuestos internos”; Fallos 212:51) y que la mencionada interpretación de la Corte Suprema no tiene únicamente autoridad moral sino institucional (“García Rams y Herrera”; Fallos 212:251)

Efectivamente, aunque sus fallos no resulten obligatorios para casos análogos los jueces tiene el de deber de conformar sus decisiones a aquellos, salvo que aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte Suprema en su carácter de intérprete final de la Constitución (CSJN, considerando 2 de “Cerámica San Lorenzo” ; La Ley, 1986-A-178)

Por otra parte, las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevivientes al recurso extraordinario, y a que, si en el transcurso del proceso has sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos dispositivos en tanto configuran circunstancias sobrevivientes de las que no es posible prescindir (Conf. CSJN, Fallos:325:28, 1345,1440,21787,2275, entre otros)

Debemos poner de manifiesto que el art. 129 de la Constitución Nacional, conforme reforma introducida en 1994, establece que “la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades p ropias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación “, concordante con lo dispuesto por el art. 124 que establece las atribuciones de las provincias en el sentido de que “La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca al efecto”.

El Congreso de la Nación dictó la ley 24.588 que en su artículo 8, 2 párrafo establece que “La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales”.-

Por su parte, el art. 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone que “corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de toas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la ciudad, por los códigos de fondo e ir las leyes y normas nacionales y locales.”

Finalmente, la ley 189 aprueba el Código Contencioso Administrativo y Tributario local, cuyo art 2 concluye la especificación del concepto de causa contencioso-administrativa, ya perfilada en el citada art. 48 de la ley 7: “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de origen público”

A su vez, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el art.7 establece que “El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los art. 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro”.-

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió, ante un conflicto positivo de competencia, que “Es competente el fuero contencioso administrativo federal para tramitar la acción de daños y perjuicios entablada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, a fin de obtener una indemnización de los daños y perjuicios causados por un incendio producido en un local bailable, pues en el caso el fuero federal surge por razón de la persona y para la resolución del sub lite se deberán aplicar, de manera sustancial, principios propios del derecho público, atento a que debe examinarse la responsabilidad extracontractual del Estado en el marco de su actuación por medio por medio de sus órganos de seguridad -Policía Federal y Superintendencia de Bomberos- y en su calidad específica de tal (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo “in re”: “Jara Luis R c/Ciudad de Buenos Aires , de fecha 27/02/2007, publicado en DJ 2007-I, 778; LA LEY 12/06/2007 con nota de José Pablo Descalzi; LA LEY 2007-C, 620, con nota de José Pablo Descalzi).-

Concordante con lo expuesto, también debemos destacar el criterio establecido por el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en autos: “Metrovías S.A. s/Resolución de inconstitucionalidad denegado en:Laguna, Guillermo Mario c/Ciudad de Buenos Aires y otro”,(www.laleyonline.com.ar/maf/app; cita Online AR/JUR/5469/2003; publicado en DJ 2004-2-618), en el sentido de que “es competente la justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires y no la justicia nacional en lo civil, para entender en La demanda por daños y perjuicios en la cual se debate la responsabilidad del gobierno local en la producción de un accidente de tránsito en virtud de haber omitido controlar la prestación de un servicio público -el accidente se produjo al trabarse una rueda de la moto del actor en un riel del Premetro, pues la presente causa resulta ajena al conocimiento de los tribunales nacionales en virtud de las personas intervinientes y de la materia debatida, configurándose una concurrencia entre el criterio subjetivo establecido en la ley local 189 (Adla, LIX- D,4517]) y el criterio material propio del derecho público local” .-

En la causa citada en el apartado que antecede se expresa que “en el marco de las competencias establecidas en la ley 24.588, la Ciudad de Buenos Aires ha reglado con una pauta razonable la definición de la competencia contencioso administrativa. En consecuencia, la determinación del órgano judicial que debe intervenir en una controversia de esa naturaleza corresponde a la ciudad, por imperio de los art. 129 de la Constitución Nacional y 8, segundo párrafo de la ley 24.588”.-

Tampoco resulta ajena la jurisprudencia sentada por esta Cámara Civil. Así, “los criterios para la determinación de la competencia contencioso administrativa en el ámbito de la Justicia Federal, o en los derechos provinciales que por regla general excluyen del fuero especializado las causas regidas por derecho privado, no pueden servir de parámetro absoluto para la Ciudad Autónoma, que si bien no es una provincia argentina, no lo es menos que debería respectarse su condición de sujeto de la relación federal y su particular sistema de autonomía.Así, la competencia atribuida a los juzgados civiles en causas en las que fuera parte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por el decreto 1285/58; art. 43 de la ley 23.637 es la que ha de verse hoy transferida “in totum” al Fuero Contencioso Administrativo y Tributario local. (Sumario 15170 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín n° 2/2003; ídem sala I, Expte n° 96366/05, “Establecimiento de las Ciencias S.A. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/restitución de bienes”, del 10/10/2006).-

En consonancia, “Si se demanda contra el Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos a raíz de un accidente en la vía pública, la materia de discusión es propia del derecho público local, toda vez que de sus términos surge que le atribuye responsabilidad por la falta de servio ya sea por incumplir los deberes de custodia, vigilancia y control sobre las reparaciones que se realizan o se deben realizar en la vía pública o por ser el directo responsable de la peligrosa construcción y de sus consecuencias” (CNCiv., Sala L, del voto de la mayoría -Dres Pérez Pardo y Galmarin- en autos: “Bustamante, Muiguel A. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Daños y Perjuicios”, del 29/03/2010)

Es oportuno recordar, que a fin de resolver las cuestiones de competencia, se debe atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor efectúa en la demanda (art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y después, sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (doctrina de Fallos:319:218; 323:470; 324:4495, entre muchos otros), tal como refiriéramos precedentemente.

Como puede advertirse, la invocación de los hechos efectuada en la demanda -ver fs.2/8 -, determina que, para arribar a una solución deben aplicarse tanto normas de derecho público local como de derecho de fondo contenidas en el Código Civil, según proceda.-

Ello nos lleva al convencimiento de que, amparado por la definición del art 2 de la ley 189 -al que aludimos en los considerandos anteriores- respecto de la materia, en tanto, independientemente de la vía por la que pudiere, en su caso, proceder la reparación, la relación sustancial entre la accionante y la demandada es una relación de derecho público administrativo, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida.-(conf. esta Sala en Expte n° 70.705/2010 caratulado “Polastri María Amelia c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/Daños y Perjuicios” del 9/12/2010; ídem en Expte n° 88888/2009 caratulado: “Cons. Av. Varela 1465 Torre 8 c/Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires s/Ejecución de expensas”, del 22/12/2010, entre muchos otros precedentes).-

Por otra parte debemos destacar que “La competencia del fuero contencioso administrativo aparece definida no sólo en virtud del órgano productor del acto, por la intervención, del Estado “lato senso” o por impugnarse un acto administrativo, sino, fundamentalmente, por la subsunción del caso en el derecho administrativo (CNFed. Contencioso Administrativo, Sala II, Abril 9-996; “Molina José L. c/Ministerio de Salud y Acción Social”; La Ley, 1997 -C, 1005, J.Agrup, caso 11655).-

En el mismo sentido, “es competente el fuero contensioso administrativo cuando es necesario decidir si los problemas que se plantean deben resolverse por aplicación de normas de carácter administrativo” (ST Jujuy, septiembre 13-993, “Provincia de Jujuy c/Barilari de Cormenzana Lucrecia “, JA, 1995-11-138).-

Por consiguiente, atento a la cuestión debatida en autos, los agravios vertidos habrán de ser rechazados.-

En orden a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución de fs. 53 en todo cuanto decide y ha sido materia recursiva. 2) Sin costas de Alzada en ausencia de bilateralización (conf. art. 68; 69 y 161 inc. 3 del Código Procesal).-

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de la Acordada 24/13 de la C.S.J.N) y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.

Con antelación: dése vista al Sr. Fiscal de Cámara a los fines de la notificación de la presente. –

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