E s t u d i o  J u r í d i c o   I n t e g r a l                                                                             Dr. Roberto Carlos Barreiro

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Actores intérpretes. Derecho intelectual. Derecho artístico. Hace lugar a una demanda por cobro de sumas de dinero incoada por varios actores, contra una señal televisiva, por su participación como intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios

“Bauleo, Ricardo Vicente y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/ cobro de 
sumas de dinero” (Exp. 96.462/2009).- Juzg. 68.-
En Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2014, hallándose reunidos los 
señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos “Bauleo, Ricardo 
Vicente y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A s/ cobro de sumas de dinero” y 
habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. 
Kiper dijo:
Contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 970/986 -y su aclaratoria de 
fs. 993-, que hizo lugar a la demanda por cobro de sumas de dinero entablada por 
Ricardo Vicente Bauleo, Roberto Alfredo Rodríguez Mendoza, Ricardo Héctor Moran, 
Arturo Noal, Sandra Rosa Eugenia Sandrini, Malvina Lucía Sandrini, Armando Esteban 
Mazzadi, Martina Ángela Serrano y Luis Alberto Mazzeo en contra de Arte 
Radiotelevisivo Argentino S.A., apelan las partes, quienes, por los motivos que exponen 
en sus presentaciones de fs. 1018/1039 y 1013/1016, intentan obtener la modificación de 
lo decidido. A fs. 1040/1046 y 1047/1061 fueron contestados los pertinentes traslados, 
encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento definitivo.
En el fallo se rechazó una excepción de prescripción y un pedido de declaración 
de inconstitucionalidad formulado por Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., 
condenándose a la demandada a abonarle a los actores una suma de dinero cuya 
determinación se difirió para la etapa de ejecución de la sentencia. Se tuvo por cierto que 
los reclamantes eran actores intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios 
en los términos del art. 56 de la ley 11.723 y que la demandada, a través de la señal 
“Volver” de la que es titular, realizó actos de comunicación pública de algunas de las 
obras en las que habían participado. 
Sobre la cuestión en debate ya se ha pronunciado ésta Sala en los autos: “Díaz 
Lastra, José Ángel c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.”, del 10 de septiembre del 
2009. En aquella época integraban el tribunal los Dres. Jorge A. Mayo, Silvia A. Díaz y 
yo. La distinguida Dra. Díaz fue quien votó en primer término, estimando que los 
reclamantes eran actores intérpretes en los términos del art. 56 de la ley 11.723 y que 
correspondía que la accionada les abone una suma de dinero. Su opinión la he 
Fecha de firma: 27/03/2014
Firmado por: SEBASTIÁN PICASSO, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARAPoder Judicial de la Nación
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compartido, quedando en disidencia el Dr. Mayo. En el precedente se analizaron todos 
los temas que se plantean en éste proceso. 
Pero antes de avanzar sobre el fondo del asunto me ocuparé de uno de los aspectos 
esenciales sobre los cuales se queja la accionada: que se haya considerado que por la 
señal “Volver” se emitieron películas, series y unitarios; en las fechas y oportunidades 
indicadas en la demanda, y en las que actuaron los reclamantes. 
Cabe aquí destacar que en la sentencia apelada se expuso que la demandada era 
quien se encontraba en mejores condiciones de hacerlo, opinión que comparto. Sucede 
que en el caso resulta válido recurrir a la teoría de las cargas probatorias dinámicas ya 
que, dada su condición de empresa que se dedica a la transmisión de una señal satelital, 
es evidente que no le hubiera sido difícil desacreditar lo sostenido en el escrito de inicio 
-en vez de haberse limitado a negar cada uno de los hechos invocados-.
Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. también cuestiona que les haya reconocido a 
los peticionarios un derecho que cree que es inexistente. Manifiesta que los artistas que 
actúan en obras cinematográficas o series, novelas y unitarios para televisión no pueden 
ser considerados intérpretes en los términos del art. 56 de la ley 11.723. Se explaya y 
defiende enérgicamente su postura. Sin embargo, los argumentos desarrollados por la 
recurrente no me inducen a cambiar la posición tomada en “Díaz Lastra”. 
Como lo referí, en aquella ocasión se consideró que los reclamantes eran actores 
intérpretes de películas, programas de televisión y unitarios en los términos del art. 56 de 
la ley 11.723. Se sostuvo que el art. 1° de la ley contenía una enumeración meramente 
enunciativa de los elementos amparados y que le otorgaba protección a “toda obra 
científica, literaria, artística o didáctica”, comprensiva de la retransmisión televisiva; 
que si bien es cierto que el de productor de las obras tiene legitimación para actuar dicha 
legitimación no es de carácter excluyente y que los derechos de los intérpretes tienen 
valor intelectual o artístico, independiente de la obra interpretada o ejecutada.
A su vez, la demandada se agravia porque en la sentencia se condenó al pago de 
derechos a la comunicación pública a quien no hace comunicación pública de obras. 
Refiere que el contenido de “Volver” no llega en forma directa al público y que la señal 
no es emitida en simultáneo por algún organismo de radiodifusión. Por el contrario, 
explica es subida encriptada a un satélite y tomada por un cableoperador que la adquiere 
y difunde.
Fecha de firma: 27/03/2014
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El presente cuestionamiento correrá la misma suerte que el anterior. Al respecto, 
en la causa “Díaz Lastra” se apuntó que los programas contenidos en las señales 
satelitales estaban dirigidos al público. Igualmente, se subrayó que la demandada obtenía 
beneficios económicos al difundir las obras en las que habían participado los actores. 
Además, coincido con el juez de grado en tanto encuentra irrelevante que la señal 
se envíe encriptada al satélite en atención a que lo que verdaderamente importa es su 
contenido, el cual es retransmitido por el operador de cable sin ningún tipo de ingerencia.
No obsta a todo lo antedicho lo manifestado por la prestigiosa Dra. Lipszyc ni lo 
señalado por la Cámara Argentina de Productores de Señales Satelitales (fs. 555 y 
673/704) puesto que se tratan de opiniones que de ninguna manera condicionan a la 
presente decisión ya que versan sobre el derecho aplicable y no sobre hechos.
La parte demandada también dice que se trata de un error que se haya rechazado 
la excepción de prescripción. Asegura que el reclamo formulado es consecuencia de una 
eventual responsabilidad civil extracontractual por falta de pago de ciertos derechos 
económicos y que corresponde aplicar el plazo bianual previsto en el art. 4037 del 
Código Civil. 
Una vez más reiteraré el criterio sentado en “Díaz Lastra” según el cual se debe 
aplicar la prescripción decenal dispuesta en el art. 4023 del Código Civil. Ello, en base a 
la interpretación de las normas específicas insertas en el Código y en la ley de propiedad 
intelectual, a que la presente no se trata de una acción vinculada con el cobro de salarios 
adeudados ni con un reclamo por daños y perjuicios y, por último, a que los plazos de 
prescripción especiales son de aplicación restrictiva.
Acerca de la decisión de declarar constitucionales los decretos 746/73, 1914/06 y 
181/08, coincido con el Fiscal de Cámara en cuanto entiende que el planteo de 
inconstitucionalidad realizado debe ser declarado insuficiente, remitiéndome a los 
fundamentos expuestos en su dictamen.
Con respecto al agravio desarrollado por los actores en torno a que se haya 
diferido la cuantificación de la retribución para el momento de ejecución de la sentencia, 
recuerdo que en “Díaz Lastra” se confirmó lo decidido al respecto por la magistrada de 
primera instancia. 
En dicho expediente la jueza de grado estimó que ante la complejidad de su 
determinación, la dificultad para escoger criterios objetivos y el hecho de que la 
Fecha de firma: 27/03/2014
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demandada no haya realizado sus propios cálculos para el caso de que la pretensión de la 
actora fuera rechazada; resultaba atinado que la acción prospere por el total del monto 
pedido.
Lo mismo habré de propiciar en las presentes actuaciones. En el caso los 
accionados no calcularon, subsidiariamente, la suma que tendrían que percibir los 
actores. De ahí que proponga que se modifique este aspecto de la sentencia, 
condenándose a la Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. a abonar a los reclamantes la 
suma que surge de fs. 231 vta. en concepto de capital adeudado y que asciende a la 
cantidad de ochocientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($827.475.-). 
Dicho dinero debe distribuirse conforme lo que también surge del instrumento citado.
Los intereses deberán calcularse desde la fecha de notificación del traslado de la 
demanda y hasta el efectivo pago. En cuanto a la tasa a usar, esta Cámara en pleno se ha 
expedido in re "Samudio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA 
s/daños y perjuicios" (20-4-2009), por lo cual corresponde aplicar la tasa activa cartera 
general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 
Argentina, remitiéndome -brevitatis causae- a los fundamentos vertidos en autos 
“Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de 
dinero" (recurso 499.526 del 24/04/09).
Finalmente, las partes se quejan de que las costas procesales se hayan impuesto en 
el orden causado. A su vez, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. critica la condena en 
costas vinculada con los planteos de prescripción y de inconstitucionalidad.
La cuestión bajo estudio es, sin dudas, una materia muy compleja, discutida y 
sobre la cual aún versan opiniones encontradas. De tal manera, considero que todas las 
costas procesales, incluidas las generadas con motivo del rechazo de los planteos de 
prescripción e inconstitucionalidad, deben ser establecidas en el orden causado. 
Igualmente, las costas generadas en esta instancia se impondrán en el orden 
causado (conf. arts. 68, 69 y conc. del CPCCN).
Por todo lo expuesto, y recordando que los jueces no tienen la obligación de 
analizar todas las pruebas y planteos introducidos sino aquellos que consideran 
relevantes, le propongo al Acuerdo que se modifique parcialmente la sentencia de grado, 
fijándose la cuantía del proceso, y sus respectivos intereses, conforme lo expuesto en el 
cuerpo del presente voto, e imponiéndose todas las costas procesales en el orden 
Fecha de firma: 27/03/2014
Firmado por: SEBASTIÁN PICASSO, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARAPoder Judicial de la Nación
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causado; debiendo confirmarse el fallo recurrido en todas las demás cuestiones que 
decide y que han sido materia de agravios. Con costas de la Alzada en el orden causado. 
 
La Dra. Abreut de Begher dijo:
Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo 
la solución allí indicada.
 
El Dr. Sebastián Picasso dijo: 
Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo 
la solución allí indicada.
 
Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo 
que doy fe.- Fdo.: Sebastián Picasso, Liliana E. Abreut de Begher, Claudio M. Kiper.-
 
 
 
 
 
 
 
///nos Aires, 27 de marzo de 2014.-
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto 
precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:
Fecha de firma: 27/03/2014
Firmado por: SEBASTIÁN PICASSO, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARAPoder Judicial de la Nación
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Modificar parcialmente la sentencia de grado, fijándose la cuantía del proceso, y 
sus respectivos intereses, conforme lo expuesto en el cuerpo del fallo, e imponiéndose 
todas las costas procesales en el orden causado; debiendo confirmarse la sentencia 
recurrida en todas las demás cuestiones que decide y que han sido materia de agravios. 
Con costas de la Alzada en el orden causado. 
Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Púb

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